La histórica firma nacional formalizó la medida en la Justicia con el objetivo de reorganizar un pasivo multimillonario. La compañía sigue avanzando con despidos y paralización de plantas.
La mayor empresa de la industria avícola argentina, Granja Tres Arroyos, recurrió a la Justicia este miércoles para solicitar la apertura de su concurso preventivo. La medida busca reorganizar las obligaciones financieras del grupo controlado por la familia De Grazia, que enfrenta una deuda cercana a los US$ 350,9 millones.
La presentación, canalizada mediante la firma Wade —una de las sociedades operativas de la compañía—, formalizó en los tribunales el fracaso de una reestructuración privada que llevaba meses de tramitación con el asesoramiento de un banco de inversión.
Ese plan contemplaba quitas de hasta el 75% del capital y plazos de repago a siete años, sumados a la liquidación de activos no estratégicos. Sin embargo, el progresivo deterioro operacional terminó por dinamitar las conversaciones de fondo.
Desde el inicio del ciclo crítico a fines de 2024, el grupo acumuló aproximadamente 1730 desvinculaciones laborales en sus diferentes establecimientos del país.
La espiral del conflicto tocó su punto más agudo a fines de agosto con el cese total de actividades en la planta de Capitán Sarmiento, núcleo histórico de la firma en un distrito bonaerense de apenas 15.000 habitantes.
La firma notificó al personal la suspensión indefinida de tareas alegando problemas de suministro eléctrico y razones productivas de fuerza mayor, para luego enviar más de 700 telegramas de despido, de los cuales 554 correspondieron a esa localidad.
El colapso de las operaciones afectó también a otros puntos del mapa productivo nacional. Las desvinculaciones alcanzaron a 450 trabajadores en la planta de Esteban Echeverría y a 50 en Pilar.
Estos episodios se sumaron al cierre en julio de la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, que dejó a 350 operarios sin empleo; a la suspensión total del personal en la planta Pinazo, también en Pilar; y a unos 250 despidos consumados en la sede de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Reestructuración judicial y parálisis operativa
Frente al avance del conflicto social, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decretó la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles, instando a la reincorporación de 1200 empleados involucrados en los últimos tramos del ajuste.
A pesar de la intervención estatal y la convocatoria a audiencias de diálogo con el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba) y jefes comunales de las zonas afectadas, Granja Tres Arroyos resolvió no acatar la medida cautelar.
En los encuentros institucionales solo se concertó la entrega de 1.000 cajones de pollo para las familias cesanteadas y un pago a cuenta temporal.
En Capitán Sarmiento, donde uno de cada diez empleos formales dependía en forma directa de la firma, el impacto socioeconómico resultó devastador.
Los salarios del complejo avícola representaban un motor fundamental para el comercio y los servicios locales. Ante la interrupción de los ingresos, organizaciones gremiales, instituciones deportivas y emprendimientos privados de la comunidad reaccionaron articulando ollas populares, colectas de alimentos y jornadas solidarias de asistencia para sostener a los operarios desempleados en medio del proceso concursal.
Marcha federal en la capital
Este miércoles, trabajadores de Granja Tres Arroyos y organizaciones sindicales se movilizaron masivamente hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una intervención estatal urgente ante el vaciamiento y los despidos masivos en la principal firma avícola del país.
La protesta, denominada Marcha Sindical Federal, agrupó a operarios de las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, junto a delegaciones de Concepción del Uruguay, bajo el respaldo conjunto de las federaciones de la Alimentación (FTIA), la Carne, UATRE, Molineros y la CTA.
Durante la manifestación, los gremios exigieron el estricto cumplimiento de la conciliación obligatoria, la reincorporación de más de 1700 cesanteados y el pago de salarios adeudados.
En esa línea, advirtieron que la parálisis de la firma no solo arrastra deudas de alquileres y desesperación familiar en el norte de la provincia, sino que pone en riesgo directo e indirecto el sustento de 7000 puestos de trabajo a nivel nacional.
Efecto dominó sobre la Ruta 8
El sismo generado por el envío de más de 700 telegramas de despido en la planta Cahuané paralizó por completo la producción de un establecimiento estratégico para el norte provincial, encendiendo alarmas gremiales mientras los operarios sostienen ollas populares a las puertas de la fábrica.
La onda expansiva de esta crisis trascendió de inmediato los límites de Capitán Sarmiento y se ramificó hacia la vecina localidad de Arrecifes, desde donde viajaban diariamente entre 100 y 160 trabajadores para prestar servicios en el complejo.
Ante el cese de actividades y la pérdida imprevista de ingresos, el Concejo Deliberante de Arrecifes sesionó de urgencia para declarar la Emergencia Social y Laboral, buscando reasignar partidas presupuestarias y coordinar asistencia económica directa frente a lo que califican como una catástrofe comunitaria.
En San Antonio de Areco, la paralización avícola profundizó un escenario recesivo que ya venía castigando al empleo regional desde comienzos de año.
A la situación de los operarios residentes afectados por el freno en la planta Cahuané se suma una sangría sostenida de puestos de trabajo en el sector privado local, marcada por los cierres definitivos de las empresas Coresa y Gas Areco.
