La Libertad Avanza consiguió sancionar el proyecto que agiliza desalojos y limita expropiaciones, aunque debió retirar los cambios a la Ley de Manejo del Fuego por falta de votos.
El Senado de la Nación sancionó en general el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por La Libertad Avanza, que agiliza los procesos de desalojo y limita las expropiaciones. La votación terminó 37 a 33, pero el oficialismo sufrió un revés político: debió eliminar del texto los cambios a la Ley de Manejo del Fuego por falta de apoyo entre sus aliados dialoguistas, tras una sesión que había comenzado con el antecedente de el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado.
La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. El Gobierno ya había retirado el capítulo sobre extranjerización de tierras rurales y, durante el tratamiento en particular, también tuvo que resignar los artículos vinculados con el régimen de protección de áreas incendiadas.
El acompañamiento se consiguió con los 21 votos de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.
En contra votaron 24 senadores del interbloque justicialista, tres de Convicción Federal, Beatriz Avila, Flavia Royon, Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
El revés por la Ley de Manejo del Fuego
El punto más sensible para el Gobierno fue la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. La norma vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.
La Casa Rosada buscaba flexibilizar ese esquema con el argumento de que la legislación actual castiga a los propietarios de inmuebles incendiados. Sin embargo, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios y debió retirar ese capítulo para sostener el resto del proyecto.
Entre quienes rechazaron los cambios estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, Edith Terenzi, Flavia Royon, Alejandra Vigo, José Carambia, Natalia Gadano, Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros. La resistencia de esos bloques dejó al oficialismo sin margen para avanzar con ese tramo de la iniciativa.
En el capítulo sobre desalojos, en cambio, La Libertad Avanza y sus aliados reunieron 36 votos, ya que Terenzi decidió abstenerse.
Qué cambia con la ley de propiedad privada
El proyecto establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente. La intención del oficialismo es reducir los plazos judiciales y acelerar la recuperación de inmuebles frente a usurpaciones.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca “simplificar y acelerar los procesos” para que los dueños de bienes no sean castigados por las demoras judiciales. También remarcó que el texto apunta a garantizar el principio de protección de la propiedad privada previsto en la Constitución Nacional.
La versión tratada en el recinto llegó recortada. Antes de la votación, el oficialismo ya había eliminado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de las objeciones planteadas por gobernadores y bloques dialoguistas.
Fuerte cruce entre oficialismo y oposición
El debate dejó fuertes cruces entre La Libertad Avanza y el peronismo. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como “un asco” e “inconstitucional”, y cuestionó especialmente los cambios vinculados con expropiaciones.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la ley y sostuvo que la iniciativa “viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado”. Según planteó, el objetivo es evitar usurpaciones y poner límites a la intervención del Estado sobre la propiedad privada.
También hubo cuestionamientos desde senadores opositores al impacto territorial y ambiental del proyecto. En ese marco, el entrerriano Adán Bahl ya había advertido sobre un “grave retroceso ambiental” durante el tratamiento de la iniciativa, postura reflejada por sus críticas al proyecto de propiedad privada del Gobierno.
El senador pampeano Daniel Bensusán, de Unión por la Patria, denunció además irregularidades en el trámite parlamentario y afirmó que los legisladores recibieron el nuevo dictamen poco antes del inicio de la reunión. Desde La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y sostuvo que la Argentina necesita “reglas claras” para ser un país previsible.
La libertaria Nadia Márquez defendió la iniciativa al afirmar que promueve el fin de las usurpaciones, agiliza la recuperación de inmuebles, pone un freno a expropiaciones desmedidas y busca respaldar a quienes quieren invertir.
Con la sanción en general, el Gobierno consiguió avanzar con una de sus banderas legislativas vinculadas a la propiedad privada. Sin embargo, la eliminación de los capítulos sobre tierras rurales y Manejo del Fuego expuso los límites de la negociación parlamentaria con los bloques dialoguistas.