La Cámara Baja aprobó hoy que las entidades financiadoras de servicios de salud están obligadas al pago de los servicios prestacionales que reciban sus beneficiarios, afiliados o empadronados en cualquiera de los efectores que integran la red pública provincial. El texto quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto lo defendió el en el hemiciclo el presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, quien explicó a esta Agencia que el texto que se aprobó con fuerza de Ley “tiene una implicancia directa en la salud pública, porque permitirá al Estado accionar para el cobro de las prestaciones que se brinden a afiliados a obra sociales, ART o alguna otra aseguradora, como lo haría cualquier privado”.
En ese sentido, argumentó que la Ley es necesaria ya que con el gobierno de Javier Milei, “a partir del 2024, el recupero se dejó de hacer por las políticas nacionales”, por lo que el texto “da un marco legal a toda esta política que antes lo estaban establecidos por los Decretos nacionales”.
En ese marco, destacó que los recursos “mejorará directamente el sistema, porque es un recupero de la prestación que se verá reflejado en mejoras en la atención y un porcentaje está estipulado que irá a los trabajadores”.